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La libertad de los presos políticos: ¿Problema de Estado?

Picota patio IV - Bogotá/Colombia Picota patio IV - Bogotá/Colombia brigadajurídicaumañamendoza

Por iniciativa de la Brigada Jurídica EDUARDO UMAÑA MENDOZA, Jueces de Ejecución de Penas de Bogotá, Una organización sindical y el Presidente de la Misma Brigada Jurídica, se reunieron el día de hoy 27 de marzo del 2017, con los presos políticos de las FARC-EP del patio cuatro de la Penitenciaria Central La Picota, para tratar el tema de las peticiones de amnistías e indultos y el paro que adelantan los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad de Bogotá.

Se hizo una importante introducción por parte del Presidente de la Brigada Jurídica, donde se abordo la gravísima, lenta y engorrosaproblemática de la implementación de la Ley de Amnistía a nivel nacional y como apunta de tutelas los presos políticos están saliendo gota a gota a pesar de la expedición del acto legislativo 01 de 2012, “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política” que introdujo en nuestra carta política el artículo 66 transitorio en busca de la anhelada paz y que luego llevo a la expedición de la Ley 1820 de 2016 y su Decreto 277 de 2017 y remitiéndonos al artículo 88 del C.P. Sobre la extinción de la sanción penal que establecen la amnistía e indulto como causales  de la extinción de la sanción penal; todo ello como fundamento para que los JEPMS otorguen la libertad inmediata y definitiva. Situación que NO está ocurriendo a nivel nacional y que tiene al filo de desatar una grave crisis en todo el aparato de la rama Judicial y sus JEPMS.

La trascendental reunión trascurrió en un espíritu de buscar solución urgente t de fondo a estos dos problemas cruciales como son el derecho fundamental constitucional a la libertad de los presos políticos Farianos, ya que desde el pasado 30 de diciembre de 2016, se expidió la Ley 1820 del mismo año y su Decreto Reglamentario 277 de 2017 y el problema presupuestal para los JEPMS (Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad); intervenciones iníciales por parte de los Prisioneros demostraron que los acuerdos de paz de la Habana –Cuba, No se vienen cumpliendo en lo mas mínimo, a pesar de la disposición de la organización insurgente de cumplir con lo pactado, el Gobierno Nacional de Santos, no da cumplimiento a los requerimientos para la implementación de los diálogos, en el caso de las amnistías e indultos, francamente ya han trascurrido tres meses y la ley no se aplica, por todas las trabas burocráticas y más complejo aun el presupuesto para levantar el paro de los JEPMS.

Luego vinieron las importantes intervenciones de los JEPMS, que mostraron de una manera diáfana que ellos no están en contra del proceso de paz y mucho menos de sabotear la ley de amnistías e indultos. Llegando a la conclusión terminante que el problema de la justicia y la libertad de los presos políticos es un problema de Estado; y que ellos los JEPMS garantizan los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, pero están maniatados, ante el cúmulo de peticiones y el poco personal para resolverlas en los trámites pertinentes.Pareciera que los JEPMS son inoperantes, ante la cantidad de situaciones jurídicas que les traslada el Ejecutivo y el Legislativo sin tener en cuenta que para una buena administración de justicia, se necesita presupuesto adecuado para su funcionamiento.

También se concluyo que lo se busca es buscar soluciones definitivas, a pesar de la poca claridad de la Ley 1820con sus muchos vacios y su complejo y burocrático decreto 277 Reglamentario, argumentaron con mucha fuerza los JEPMS.

Finalmente se abordo la situación crítica que afronta también elINPEC, frente a las peticiones de las organizaciones sindicales, la privatización que se vislumbra la justicia y la posibilidad de la más amplia unidad para salvar la misma re-direccionando una parte de la adición presupuestal que bien puede por ahora a una solución al conflicto del paro y las amnistías e indultos.

Algunas conclusiones gruesas que se plantearon para llevar a las diferentes bases fueron:

1. Realizar una Asambleas informativas urgentes para analizar y plantear salidas concertadas a esta problemática, donde se incluya representantes de la comisiones de verificación de los acuerdos de paz.
2. La posibilidad de realizar una audiencia pública en el Congreso de la República, para citar algunos funcionarios públicos que tiene que resolver esta problemática entre otros.
3. Promover un seminario de pedagogía sobre la Ley 1820 y su Decreto 277 así como la implementación de la JEP.(Jurisdicción Especial Para la Paz)

Bogotá, 27 de marzo de 2017

 

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